El 3 de marzo de 2011 la Comisión de Ética, respetando el debido proceso y después de tres meses de estudio del caso, decidió: “Suspender a IVÁN MORENO ROJAS como miembro del polo Democrático Alternativo por tres meses, prorrogables por otro tanto, mientras concluye la investigación que en su caso adelanta la Comisión Nacional de Ética y Garantías del PDA.” Con posterioridad a esa decisión el inculpado presento al CEN y a los medios algunos oficios contradictorios.
Manifestamos en su momento nuestro absoluto desacuerdo con los 7 parlamentarios del Polo que con su voto ayudaron a elegir como Procurador a un fundamentalista de derecha que difícilmente puede garantizar la objetividad e imparcialidad.
Reconocemos igualmente que cuando el PDA se posicionó como una alternativa política real de cambio, se convirtió en el objetivo de una campaña del régimen para desprestigiarlo y dividirlo, recurriendo para ello a todos los procedimientos y prácticas a su alcance.
Hubiera sido difícil para el régimen y sus medios de comunicación, avanzar con eficacia en su estrategia contra el Polo, si desde el propio partido no se le hubieran facilitado las condiciones. Se le dio la oportunidad con Lucho y Petro, quienes en su paso por el Polo le hicieron daño al Partido. Pero también se le allanó el camino cuando al interior del PDA se impuso y fortaleció una visión pragmática, electoral y clientelista de la política.
Cabe destacar que en diferentes oportunidades se pidió al Comité Ejecutivo Nacional realizar un profundo y sustentado debate sobre el tema programático, político y ético de la administración en Bogotá y hasta llegó a nombrarse una comisión para interlocutar con el Alcalde, todo esto sin resultados positivos por ausencia de voluntad política para abocar el tema.
Para resaltar que la decisión de la Comisión lleva implícito un debate de mucho fondo político, desligado de cualquier propósito o interés personal, es importante señalar que la corrupción es inherente al capitalismo, como quiera que representa una de las múltiples formas de la acumulación individual y por ende resulta incompatible con la izquierda.
Apoyados en las anteriores consideraciones, respaldamos el auto proferido por la Comisión Nacional de Ética, con el cual se abre un nuevo camino en el Polo y se le indica al país que si hay órganos de control en el partido.
Nuestro apoyo obedece, entre muchas otras, a las siguientes razones:
Con la solicitud de suspensión presentada por el Representante Iván Cepeda y el auto de la Comisión, no está en juego simplemente un problema jurídico y personal, sino que se aboca un hecho político que desde tiempo atrás viene lesionando gravemente la imagen y credibilidad del Polo ante la opinión. Lo que está en juego es el Partido y lo que él significa para la democracia en esta coyuntura. La percepción de la opinión, con fundamento o si él, es que hay prácticas en la administración distantes de los criterios de transparencia que deben guiar el ejercicio de una gestión alternativa. Esta disociación entre el Partido y la opinión le ha hecho y le sigue haciendo daño al Polo.
Para el Partido resultó más costoso guardar silencio frente a confesiones e indicios materiales y testimoniales que vinculan al investigado y en los que se fundamenta el proceso sumario y el pliego de cargos de la Procuraduría, que haber reconocido a tiempo su existencia, procediendo a suspender provisionalmente la afiliación del investigado. Suspensión que no puede entenderse como una condena o sanción anticipada, sino como una medida transitoria para impedir que se siga afectando la imagen del Partido. Si el inculpado resultare absuelto, como lo esperamos, la suspensión habrá impedido mayores daños para el Polo y éste y el investigado saldrán fortalecidos. Si el fallo resultare adverso procederá la sanción de expulsión del inculpado, pues quien se aparta de la ética en el Partido tiene que asumir el costo de su conducta personal.
Por supuesto que hay que exigir el debido proceso, pero un hecho político que afecta gravemente al PDA y a la democracia, no puede eludirse reduciéndolo a un debate jurídico sobre si con la apertura de cargos se debe o no aplicar una medida provisional, o si el partido sólo puede tomar decisiones cuando se produzca un fallo y éste se encuentre ejecutoriado.
A quienes consideran, en este caso tan lesivo para el Partido, que sólo se deben adoptar medidas una vez se produzca el fallo final, hay que decirles que ya para entonces el daño ante la opinión estará irreversiblemente consumado. Tarde o temprano se tendrá que reconocer que la solicitud de Cepeda y el fallo de la Comisión de Ética benefician la estrategia del Partido y de la democracia.
A pesar de no ser este un problema simplemente jurídico, creemos que la suspensión provisional con la apertura de cargos, que presupone indicios graves, es procedente cuando se adelanta una investigación por hechos de corrupción en el manejo de lo público.
Una vez conocidas las sanciones al excontralor distrital y a un exparlamentario y la apertura de cargos a Iván Moreno Rojas, el Comité Ejecutivo Nacional ha debido solicitar a la Comisión de Ética su suspensión provisional, como un mensaje a la opinión de que el Partido, en defensa de la transparencia, adoptaba esa medida para garantizar el desarrollo de la investigación, sin interferencias, que pudieran desviar el esclarecimiento de la verdad, exigiendo plenas garantías procesales para el investigado.
Exigimos de las instancias y de las dignidades del partido el reconocimiento institucional de la Comisión de Ética, que ordenan los estatutos y el acatamiento respetuoso de sus decisiones.
Llamamos a los miembros del partido a defender estos sucesos favorables para el devenir de la democracia y los invitamos a seguir fortaleciendo el Polo, desde las dinámicas sociales y los territorios, como la opción de gobierno de la izquierda democrática.
Alberto Téllez Iregui
Carlos Alberto Benavides
Ingrid Penagos
Fabiola Piñacue
Martha L. Alfonso
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
Bogotá D.C., marzo 7 de 2011.
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