ABSTENCIÓN-ABSTENCION-ABSTENCIÓN

Muchas cosas podrían decirse sobre el referendo promovido por el presidente Alvaro Uribe Vélez. Tantas, como para poder explicar sus motivaciones profundas, sus fuentes ideológicas y políticas, sus consecuencias internas e internacionales, sus contenidos y los propósitos expresos y latentes de esta iniciativa. Pero, para efectos del debate inmediato sobre cómo actuar frente al referendo, veamos dos aspectos: algunas consideraciones generales sobre contenido y procedimiento y unas reflexiones sobre el articulado en particular.

Lo primero es que, con la ley de referendo planteada por el Gobierno y aprobada por el Congreso se inaugura, de manera inadecuada, la institución del referendo. Con sus 17 preguntas, y una extensión de folleto, se desgasta ante el constituyente primario un mecanismo de participación ciudadana que se entendía destinado a someter a decisión del pueblo reformas constitucionales en temas de fondo, relacionados con estrategias del Estado frente a su propia estructura, a la economía o a la problemática social y que, en escasa cantidad, debían ser formulados de manera corta, clara y sencilla. El contenido de la ley de referendo aprobada se dispersa en aspectos muy parciales y colaterales de distintas temáticas económicas, políticas, sociales y tributarias –que bien podrían tramitarse por ley o por decreto-, lo cual impide precisar cuál es el propósito central del referendo. Su contenido parece más una reforma fiscal y laboral, adornada de inocuas invocaciones contra la corrupción y el clientelismo.

En segundo lugar, es pertinente precisar que la ley de referendo no es una iniciativa autónoma del Gobierno, sino que por su contenido, está íntimamente ligada a la concepción neoliberal y autoritaria del Estado, que en los niveles económico, político y militar, ejecutan y reclaman de América Latina los Estados Unidos de Norteamérica. Los aspectos fiscales, laborales, pensionales, y de control de la ley, apuntan a resolver los requerimientos del Fondo Monetario Internacional sobre mayor inversión militar, condiciones más favorables para la inversión externa y, seguridad de las obligaciones con el sector financiero internacional.

Una tercera consideración, es que el referendo, inicialmente promocionado por el Gobierno como una reforma política contra el clientelismo y la corrupción se redujo, en éste campo de la reforma política, a elementos muy tangenciales, cuyos efectos menores no desconocemos, pero, que de ninguna manera articulan una propuesta suficiente y sólida contra la corrupción. Los aspectos de fondo que una reforma política debe contemplar para enfrentar y erradicar la corrupción y el clientelismo no son, siquiera mencionados en la ley de referendo. Quedan excluidos temas como el voto obligatorio, la financiación total y exclusiva de las campañas y los partidos por parte del Estado, la regulación de los medios de comunicación de masas en la política y en las campañas electorales, la organización y democratización de los partidos y la lista única, entre otros.

Podría afirmarse que, paralelamente se tramita en el Congreso un proyecto de acto legislativo en el cual se tocan algunos de éstos aspectos. Al respecto, hay que dejar claro que el tramite de ese proyecto es incierto, pues está pendiente de 7 debates; que por su actual contenido dista mucho de un estatuto eficaz contra la corrupción y el clientelismo; y además, que el proyecto de acto legislativo no es una iniciativa del Gobierno, sino de corrientes del Congreso que temen ser afectadas por el proyecto excluyente, tecno-político, neoliberal y autoritario que se perfila desde el Ejecutivo, como su salida a la crisis de los partidos.

En otro aspecto más, debemos resaltar que la ley de referendo aprobada es resultado de un chantaje del Gobierno, que apoyado en el desprestigio del Congreso, recurrió a la amenaza de la revocatoria para obligarlo a aprobar temas que, como la congelación de salarios y pensiones o la eliminación de las contralorías departamentales y municipales y de las personerías, no eran de buen recibo, aún por parte de la bancada gobiernista. Como una clara prueba de la negociación -que constituye una mofa para la opinión-,  el referendo se aprobó y en él, la revocatoria quedó reducida a una decisión que deberá adoptar el propio Congreso, por mayoría absoluta, acerca de si se anticipan o no las elecciones parlamentarias del 2006.

La ley de referendo aprobada resulta, de otro lado, infuncional como mecanismo para consultar la voluntad de los ciudadanos, debido a la cantidad de preguntas, al extenso articulado y a la dificultad para la mayor parte de los votantes de comprender los términos y categorías jurídicos y académicos del articulado, con los cuales no está familiarizado. Casi que el votante, sin leer el contenido del articulado, tendrá que limitarse a responder las preguntas, muchas de las cuales, inducen la respuesta, en una clara violación de la libertad de escogencia consagrada por la Constitución. Además, en estas condiciones, el votante se verá presionado física y sicológicamente por el tiempo, pues para leer el documento que se le presenta requerirá algo más de media hora.

Finalmente, el referendo se presenta ante la opinión, como una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, cuando sus contenidos son inocuos en este propósito; como un instrumento de solidaridad social frente al déficit fiscal, cuando de lo que se trata, con medidas coyunturales, es de liberar otros recursos para atender el pago de la deuda pública y para el escalamiento de la guerra que, va a sumir al país en una crisis mayor; en fin, se busca que aparezca como un mecanismo para reducir las desigualdades sociales, cuando su efecto real es el de profundizarlas, consolidando el modelo neoliberal y un régimen autoritario para reprimir la creciente inconformidad y la legítima protesta social que devienen ante ese modelo de exclusión.

En cuanto al contenido del articulado, queremos resaltar los siguientes elementos.

Compartimos el espíritu de las preguntas 1. Pérdida de Derechos Políticos, 2. Voto Nominal, 3. Suplencias, 5. Servicios Administrativos del Congreso, 7. Pérdida de Investidura, 11. Auxilios con Dineros Públicos, 12. Nuevos Recursos para la Educación y el saneamiento básico y 13. Recursos para la Educación y el Saneamiento Básico, pues en alguna medida apuntan a sanear las costumbres políticas. Sin embargo, debe quedar claro que con ellas no se afectan las causas de fondo de la corrupción y el clientelismo en el ejercicio de la política y de la administración pública. Los puntos señalados, no ameritan su inclusión en un referendo, y bien podrían ser tramitados como leyes, decretos o actos legislativos.

El punto 4, sobre “facultades de las Corporaciones Públicas de Elección Popular en la Dirección y Control de la  Hacienda Pública”, resulta ser uno de los aspectos más polémicos de la ley de referendo, por cuanto, antes que desestimular la corrupción y el clientelismo, termina fortaleciéndolos. Esa es la consecuencia práctica del proyecto de ley de referendo al establecer, de un lado, que en el presupuesto nacional no se pueden incluir partidas globales, excepto para emergencias y catástrofes, o, como lo precisa el proyecto de acto legislativo 01 del 2002 al indicar “…no podrán aprobarse partidas globales respecto de ningún rubro. Cada partida deberá estar suficientemente desagregada y detallada…”; y al señalar, por otra parte, que “el Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los gastos públicos, lo cuál comprenderá tanto el análisis y la decisión sobre la inversión nacional, como sobre la regional” (destacado fuera de texto).

Lo que se propone aprobar en este punto es la iniciativa del gasto a favor del Congreso. Decisión que acarrearía graves consecuencias para la ética política y la estructura de la democracia. Situación, particularmente delicada, si tenemos en cuenta que el país, desde la reforma constitucional de 1968, consolidó la cultura clientelista, apoyada, en gran parte, en los auxilios parlamentarios. Figura esta, que bajo diferentes denominaciones –auxilios, cupos indicativos, etc- tiene como esencia el uso del presupuesto con fines clientelares.

La fuente principal del clientelismo y de la corrupción radica, actualmente, en la negociación de partidas de destinación específica  -de las cuales los cupos indicativos son apenas una mínima parte- que se definen a lo largo del año, como contraprestación para aprobar las iniciativas del Ejecutivo, y en el manejo inescrupuloso de la contratación para la ejecución de dichas partidas.

Al desagregar todo el presupuesto en partidas de destinación específica, al darle carácter simplemente consultivo a las audiencias públicas, y al entregarle al Congreso la capacidad de decisión sobre la inversión nacional en las regiones, es decir, la potestad para aprobar las partidas de destinación específica, los parlamentarios seguirán, ahora en mayor proporción y bajo una nueva fórmula, orientando recursos del presupuesto nacional para construir o fortalecer, con criterio político, sus clientelas electorales.

En el propósito de debilitar las indebidas presiones del Ejecutivo sobre el Congreso en el trámite parlamentario, se pasa ahora, a que sea el propio Congreso el que defina el destino de la inversión pública. En esta decisión, resulta peor la cura que la enfermedad. Se afectan con ello, no sólo los criterios técnicos de la planeación que deben garantizar el desarrollo sostenible y la justicia social, mediante la aplicación eficiente, transparente y productiva del gasto público, sino que, además, la participación de las comunidades, para definir sus prioridades de inversión, se suplanta por la caprichosa e interesada voluntad de los

parlamentarios. Las comunidades terminarán convertidas en limosneras de los favores de los congresistas.

Una decisión como esta, deslegitimaría aún más, la naturaleza institucional del Congreso. Sus funciones centrales de legislar y ejercer el control político se verían, en la práctica, desbordadas por la gestión de partidas en el presupuesto nacional.

Ante esta propuesta de entregar al Congreso la iniciativa del gasto, sobran todas las prohibiciones de auxilios o las nuevas inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, encaminadas a impedir los acuerdos sobre partidas presupuestales, porque hacia delante, sería el propio Congreso el que iría a definir la destinación del gasto y su aplicación en partidas específicas.

Cosa bien distinta, sería prohibir las partidas globales pero, establecer simultáneamente, que en el presupuesto nacional no puedan incluirse partidas de destinación específica que no estén contempladas en los planes de desarrollo de los entes territoriales, y que la prioridad para la inversión deba ser definida, con carácter decisorio, jurídicamente reconocido, por las propias comunidades. Con ello se eliminaría la perversa intermediación del parlamentario, del diputado, del concejal, o del comunero y se harían prevalecer los criterios de descentralización,  autonomía, participación, eficiencia y transparencia que resultan sacrificados, entregándoles la decisión del gasto a los congresistas.

No sobra imaginar, por un momento, la nueva y repugnante dinámica del Congreso, convertido en un mercado de partidas presupuestales. Un parlamento en permanente campaña electoral, ofreciendo recursos a las comunidades, participando en las audiencias públicas consultivas, negociando y manipulando partidas en la aprobación del presupuesto, con el propósito de cobrar electoralmente el éxito de su gestión. Las comisiones económicas y, especialmente las de presupuesto, como en las “viejas épocas” de los auxilios parlamentarios, se convertirán en los centros dinámicos del Congreso y en los espacios más apetecidos de los PARLAMENTARIOS CLIENTELITAS.

Esto, sin dejar de lado, que los corruptos encontrarán las formulas para eludir los controles que se le pongan al proceso de contratación y se garantizarán el desvió de recursos para su propio enriquecimiento y para la financiación de sus campañas y de sus micro empresas electorales.

La pregunta número 6 establece como umbral el 2% de los votos validos para Senado, y la cifra repartidora como umbral para la Cámara, lo mismo que el 50% del cuociente para todas las Corporaciones de los Entes Territoriales. El umbral tiene razón de ser, si forma parte de una clara estrategia para organizar, fortalecer, sanear y democratizar los partidos, en una coyuntura en que estos han sido remplazados por las microempresas electorales, y siempre y cuando, se entienda como una medida transitoria para superar la fase de la operación avispa y sus nefastas dinámicas clientelistas. Pero, formular como única herramienta de la organización política el umbral, en la forma en que lo hace la propuesta del referendo, produce efectos perversos en la política. Esto resulta más evidente, si tenemos en cuenta que se reduce el Congreso y que cada partido puede avalar un número de listas igual al de las curules por proveer. En el Senado, ya  no operará la operación avispa sino la operación “avispón”. En la elección de Cámara   el umbral definido no producirá ningún efecto, porque con un índice de participación que promedia el 50% del censo electoral, la diferencia entre el último residuo y la cifra repartidora será mínimo. En el caso de las Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras las consecuencias son graves, porque quedan por fuera de toda representación política las dinámicas sociales que no forman parte de las aceitadas maquinarias clientelistas que definen los comicios en los Departamentos y Municipios.

No cabe duda que el umbral, como lo establece el proyecto de referendo, elitizará el Congreso y las demás corporaciones de elección popular. Su composición quedará en manos de la eficiencia de las maquinarias clientelistas, de los recursos de que disponga el candidato, o del nivel de intereses y afectos que muevan a los medios de comunicación de masas. Por supuesto, que en ese nuevo esquema resultan bastante lesionados los movimientos de oposición democrática, a los cuales se les da el trato de minusvalidos y se les ofrece la muleta de cuatro curules en Senado y tres en Cámara para minorías políticas; con lo cual, además, se asegura su dispersión. Se cambia el estatus de partido por la rapiña en la distribución de las curules para minorías políticas.

Similares efectos, a los que genera ésta pregunta, se ocasionan con la pregunta número 15, en la cual se establecen los topes mínimos para el reconocimiento de personerías jurídicas a los partidos, en el 2% de los votos validos en las elecciones parlamentarias o el 5% de los votos validos en las elecciones presidenciales. Pregunta en la cual, además, se autoriza la inscripción de listas para cada partido, hasta el límite de las curules por proveer.

La pregunta número 7, amplía las causales para la pérdida de investidura de los integrantes de corporaciones de elección popular, iniciativa que es pertinente y progresista. Lo que causa preocupación en esta pregunta es que, detrás de la garantía del debido proceso que se formula en su parágrafo único, vuelve a expresarse la persistente reclamación de los senadores y representantes sobre la doble instancia para su juzgamiento. Los congresistas, al lado de otros altos funcionarios del Estado, gozan de una jurisdicción especial entregada a la Corte Suprema de Justicia, como garantía de objetividad e imparcialidad en la investigación y juzgamiento. En el caso de la pérdida de investidura de los congresistas, y por los mismos criterios, la competencia se asigna al Consejo de Estado. Es esa la razón de la única instancia para tales funcionarios. No quiere decir ello, que no seamos defensores irrestrictos de la doble instancia, de la cual gozan todos los ciudadanos excluidos de la jurisdicción especial. Lo que preocupa de la doble instancia en los juicios de pérdida de investidura es que el trámite pueda dilatarse tanto, que el fallo sancionatorio llegue a producirse después que el Congresista haya terminado la legislatura.

La pregunta número 8 establece, acertadamente, un tope máximo de 20 salarios mínimos legales mensuales a las pensiones de los funcionarios públicos y congela hasta diciembre de 2006 las asignaciones o pensiones de los altos funcionarios del Estado. Pero también consagra que la edad exigida para las pensiones de los servidores públicos no podrá ser, en ningún caso, inferior a la establecida en el sistema general de pensiones. Con lo cual se eliminan todos los regímenes especiales de pensiones y los regímenes de transición a que hoy tienen derecho los funcionarios públicos.

Los funcionarios, que a la  aprobación del referendo no hayan cumplido la edad de 55 años para mujeres y 60 años para hombres y 1000 semanas cotizadas, deberán esperar hasta cumplir dichos requisitos para adquirir el derecho a la pensión. Cabe aclarar que, según el proyecto de Ley No. 56 de 2002, a partir del 01 de enero de 2009 la edad se aumentará a 58 años para mujeres y a 62 años para hombres y las semanas de cotización se elevarán a 1200; y a partir del 01 de enero del 2018, la edad pasará a 62 años para mujeres y a 65 para hombres y las semanas cotizadas subirán a 1300. 

Las preguntas 9 y 10 suprimen, respectivamente, las contralorías y personerías en los entes territoriales y entregan sus funciones a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Para justificar esta propuesta se aduce una supuesta reducción de gastos, que resulta infundada,  si tenemos en cuenta que las entidades que asumirían las competencias tendrían que incrementar sus presupuestos para cumplir las nuevas funciones. Es absolutamente cierto, que las contralorías y personerías, por su sistema de designación, se han politizado y se han burocratizado, pero ello no es razón para eliminarlas y reemplazarlas por sistemas que, a todas a luces, van a resultar menos eficientes. De lo que se trata es de despolitizarlas y garantizar su eficiencia. Resulta, además, preocupante que el Estado comience a abandonar sus responsabilidades de control fiscal y de defensa del ciudadano, para abrirle paso a la iniciativa privada en este campo. Una propuesta como ésta, constituye también un duro golpe a las políticas de descentralización y autonomía consagradas para los entes territoriales en la Constitución del 91, y un regreso a los criterios de centralismo que tanto daño le han causado a la democracia. Esta iniciativa, en el caso de las personerías, resulta aún más grave, si tenemos en cuenta que el país vive un generalizado fenómeno de guerra y la consecuente violación de los derechos humanos, que van a verse más desprotegidos con la eliminación de las personerías, especialmente en los municipios más afectados por la violencia.

La pregunta número 14, como una medida de ajuste para enfrentar el déficit fiscal,   congela por dos años los gastos de funcionamiento de todas las entidades públicas, incluidos los salarios y las pensiones superiores a dos salarios mínimos legales mensuales. Se reduce de esta manera, anualmente, el salario real, en la misma proporción en que se incremente el costo de vida (IPC), mientras de otro lado, para cubrir el costo de la deuda pública y la atención de los gastos del escalamiento de la guerra, se crea el impuesto al patrimonio, se le impone el IVA a los bienes de la canasta familiar, se eleva la sobretasa a la gasolina y se generan, con la reforma tributaria en trámite, otras cargas directas e indirectas que, tarde o temprano,  el productor trasladará al consumidor. Se ajustan estas políticas de debilitamiento del salario -incluidas las reformas laboral y pensional en trámite en el Congreso- y de aumento de impuestos a las exigencias del FMI, para garantizarle mano de obra barata a la inversión externa y asegurar el pago de la deuda al sector financiero interno e internacional.

Esta política fiscalista, aplicada a una economía en recesión, afectará, aún más, la demanda, desestimulará, la inversión, incrementará la fuga de capitales y aumentará el desempleo, con efectos contrarios a los buscados, sobre los ingresos tributarios del Estado.

La solución estructural al déficit fiscal exige medidas de fondo encaminadas a reactivar la economía, que comprometen las relaciones internacionales de producción e intercambio, la renegociación de la deuda pública -cuyo servicio demanda el 42% del presupuesto nacional-, la racionalización del crédito, la reforma agraria integral, la corrupción, la evasión y la elusión.     

Pero resulta, además, muy grave que en una economía en recesión se tomen este tipo de medidas que debilitan, aún más, la demanda e incrementan el desempleo.

En la pregunta número 16 se penaliza, en una actitud vergonzante, la dosis personal de sustancias psicotrópicas, postura propia de un régimen autoritario y represivo y de un Estado que abandona, cada día más, sus obligaciones y sus funciones sociales. El consumo de drogas no es un delito, sino una conducta social facilitada por dificultades económicas, sociales y afectivas, en un mundo que ha perdido la ética y los valores. El Estado está obligado a prevenir la drogadicción y, el drogadicto, no debe remitirse a las escuelas del crimen, sino que debe ser sujeto de las políticas de recuperación por parte del Estado.

Ante un referendo con el contenido y las implicaciones que acabamos de señalar, ¿Qué debe hacer el ciudadano?.

Por supuesto que el Gobierno, las mayorías del Congreso y los gremios económicos aspiran a que el pueblo le de una aprobación integral al referendo, porque es lo más conveniente para sus intereses.

Algunos sectores de la oposición consideran que se debe votar por el “SI “ las preguntas frente a las cuales no hay objeciones y por el “NO” las demás. Esta posición terminaría favoreciendo el éxito de todo el texto del referendo, en la medida en que facilitaría alcanzar el 25% del censo electoral, requisito indispensable para su aprobación y además, porque es fácil suponer que, de los votos depositados, la mayoría llegue a darse a favor de todo el referendo.

Otros sectores pensamos que hay que derrotar el referendo, porque los limitados aspectos favorables de su contenido no se justifican, frente a las consecuencias negativas de la mayor parte de su texto. Circunstancias en las cuales, lo que más le conviene a la clase media y a las capas sociales ubicadas en los rangos de pobreza y miseria, es que el referendo no sea aprobado.

El camino más indicado para derrotar el referendo es el de lograr que no se alcance la votación de la cuarta parte del censo electoral, exigida por la Constitución.

Creemos, por ello, que hay que unir en un amplio frente contra el referendo y por la abstención, a todos los sectores políticos y sociales que reclaman la solución negociada del conflicto armado, que se oponen la escalamiento de la guerra y a la desprotección de los derechos humanos, a la reducción de los salarios, al incremento de la edad y las cotizaciones para las pensiones de jubilización, a que el presupuesto de la nación siga siendo utilizado con fines clientelistas y electorales, a que se continúen debilitando las funciones sociales del Estado, y a que se restrinjan las libertades individuales y los derechos políticos de las minorías.

Se trata, en fin, de afrontar desde ya, una campaña unificada y organizada para lograr, por todos los medios, hacer claridad frente al país de las graves consecuencias que resultarían de aprobar el referendo y, para contrarrestar la campaña demagógica, mentirosa y macartista de los promotores del referendo.

Bogotá D.C., Octubre 28 de 2002.

LA COYUNTURA POLITICA

(Borrador de trabajo)

La globalización Neoliberal, causa fundamental de la crisis en América Latina

Como consecuencia de la saturación de los mercados, los países industrializados, vivieron en la década de los años ochentas del siglo pasado, una aguda recesión económica.  Para superar la crisis decidieron, mediante la implementación de lo que suele llamarse el modelo neoliberal, efectuar un profundo ajuste económico para ampliar a nivel mundial la producción y el mercado.

Sobre una secular dependencia, el tercer mundo y, particularmente, América Latina, bajo las directrices trazadas por los EE.UU y con la tutela del Fondo Monetario Internacional  (FMI) y de la Organización Mundial del Comercio  (OMC), fueron sometidos a una agresiva y acelerada política de apertura de sus economías y mercados a los capitales y mercancías de las multinacionales; a la reconversión de sus infraestructuras; a la usura y volatilidad del sector financiero; al debilitamiento de la función social de los Estados, en beneficio del capital privado; a la privatización de los activos y servicios sociales acumulados por varios siglos de esfuerzos nacionales; a una cultura de predominio del interés individual sobre el interés colectivo; a la creciente disolución de la nacionalidad y de las expresiones colectivas de la actividad social; y, a medidas de flexibilización laboral, para reducir el costo de la fuerza de trabajo y garantizarle condiciones más favorables a la inversión externa.

Los efectos recesivos de este modelo sobre las economías de América Latina son evidentes.  La pequeña y mediana empresas se quebraron ante una competencia desigual frente a la tecnología y al capital de las transnacionales; el sector agropecuario se arruinó, además, por los subsidios y las protecciones arancelarias de los países industrializados.  Las economías pasaron de ser exportadoras a importadoras.  No pudieron competir y terminaron en una apertura hacia adentro.  Consumidores, que era lo que, por supuesto, necesitaban las multinacionales y pretendía el modelo.  En esta dinámica se desequilibró negativamente la balanza comercial y se debilitaron los ingresos tributarios del Estado.  De otro lado, la implementación del modelo, la búsqueda de unas mínimas condiciones de competitividad internacional, exigían la reconversión de la infraestructura industrial  - que sólo pudieron hacerla los grandes grupos económicos-  y la adecuación de la infraestructura vial, portuaria y de servicios.  Costos que se asumieron fundamentalmente con recursos de crédito interno y externo.  Con ello se entró en un ciclo de déficit fiscal y de acelerado crecimiento de la deuda pública, cuya pagabilidad se sostiene en detrimento del desarrollo y la inversión social.  Los requerimientos del crédito por parte del Estado y de la empresa privada dispararon las tasas de interés en beneficio del sector especulativo que, con tasas de interés hasta del 80% anual terminó expropiando el ahorro de los ciudadanos.  El crédito caro reforzó la crisis empresarial que devino a la apertura económica.  Se disparó el desempleo, a niveles nunca antes  vistos, y los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto  (PIB) se redujeron, cayendo en muchos casos a niveles de crecimiento negativo.

Los efectos sociales del modelo neoliberal están a la vista:  concentración de la riqueza e incremento acelerado de la pobreza y la miseria, desempleo e inseguridad.

Durante las dos últimas décadas y, siguiendo las directrices del FMI, los gobiernos neoliberales de América Latina, sin afectar los ejes del modelo, y bien por el contrario, reforzándolos, se han dedicado  a restablecer el equilibrio inestable de las variables macroeconómicas, mediante medidas  coyunturales de ajuste monetario y fiscal, encaminadas a controlar la inflación y el déficit presupuestal.  El crecimiento, con empleo y equidad, no será posible mientras se mantengan la tendencia de concentración de la riqueza, las injustas condiciones internacionales de producción e intercambio y una deuda pública interna y externa, hoy impagable.  Para garantizar el desarrollo, con justicia social, se requiere un modelo de transición del neoliberalismo al Estado Social de Derecho que reformule los términos de intercambio internacional, renegocie las deuda pública interna y externa, recupere la regulación y control por parte del Estado de áreas estratégicas de la economía y el desarrollo social y  regule los medios de comunicación de masas.

Los efectos económicos y sociales del modelo en América Latina, se expresan hoy en la crisis generalizada por la que pasa el subcontinente.

En estas circunstancias, resulta evidente que el modelo neoliberal es la causa fundamental de la crisis económica, social y política que vive América Latina.  Modelo que se constituye, además, en una seria amenaza para la supervivencia del hombre y de la naturaleza.

Visto, desde otro ángulo, el modelo neoliberal, hay que señalar que durante las dos décadas siguientes a su implantación, los países industrializados, y especialmente, los Estados Unidos de Norteamérica, lograron, como efecto del modelo, superar transitoriamente la crisis estructural de la saturación de mercados y alcanzar índices de crecimiento relativamente altos.  Pero, los mercados han vuelto a saturarse, reduciendo nuevamente los niveles de crecimiento de los países industrializados.  Ello, ha obligado a los Estados Unidos a acelerar, en su particular beneficio, el control de los mercados de América Latina, estimulando contradicciones con  la Unión Europea y el bloque comercial liderado por el  Japón.  En esta dirección, los EE.UU, para asegurarse un nuevo ciclo de ampliación de mercados, se han visto obligados a acelerar la conformación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a presionar acuerdos binacionales de mercadeo, como paso preparatorio de esa estrategia.   Propósito en el cual han encontrado en el gobierno de Uribe Vélez un aliado estratégico, dispuesto a enfrentarse a los intereses comunes de la región.

Para garantizar la supervivencia del neoliberalismo y contener sus explosivos efectos sociales, se ha operado el endurecimiento de los regímenes políticos de EE.UU y de los gobiernos neoliberales de América Latina.

La convicción común de que el neoliberalismo sólo pueden mantenerlo por la fuerza, ha llevado al gobierno colombiano a su estrategia de guerra y a encontrar en el gobierno de los Estados Unidos el aliado para asegurarse una mejor relación de fuerzas.  Al precio, por supuesto, de sacrificar la soberanía y la dignidad nacional.  Es esa la razón por la cual se asume la indigna posición de respaldar la invasión a Irak, reclamarle a lo EE.UU una acción similar en Colombia, liderar en el continente la ejecución del ALCA y, enfrentarse a los procesos de despertar democrático de América Latina.  Frente al costo político y económico de la negociación del conflicto interno se prefiere el camino de la guerra.

Hay que destacar también que, los efectos económicos y sociales del modelo en Latinoamérica, han generado una recomposición del esquema político, la cual se expresa en un creciente apoyo ciudadano a procesos democráticos y alternativos, como los que se viven en Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay y Bolivia.  Se está configurando en América Latina una corriente política que confronta el neoliberalismo y que podría tener consecuencias estratégicas favorables para el futuro de la humanidad, para el tránsito hacia un nuevo orden social en el mundo.  Sus resultados dependen de la capacidad de gobernabilidad alternativa y de articulación que demuestren esas experiencias, las cuales, en todo caso, se convierten en un estímulo para los procesos políticos en los demás países latinoamericanos.

Acuñando la criminal doctrina de la “guerra preventiva” para justificar la agresión a cualquier país sobre la suposición de que constituya una amenaza para la seguridad nacional del más fuerte y con el pretexto de la lucha antiterrorista, los EE.UU, en contra de la ONU, invaden a Irak, para asegurarse el control de sus reservas petroleras, ejercer el control mundial de los hidrocarburos y asegurar su comercialización en dólares.  Se pisotean de esta manera los principios del derecho internacional y se empuja al mundo a una recomposición de las relaciones multilaterales.

La desesperada actitud guerrerista de un imperio que ha entrado en la fase crítica de su decadencia, que se debate en medio de las contradicciones de una crisis económica irreversible, tiene en la mira de la agresión a Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil y China.  Sin embargo, la resistencia de los pueblos agredidos contribuirá a profundizar las dificultades económicas del neoliberalismo y a transformarlas en una crisis política de impredecibles, pero esperanzadores, resultados para el bienestar de la humanidad.

Cómo se inserta hoy Colombia dentro del modelo?

En el plano interno, a partir del gobierno del Presidente César Gaviria, la dirigencia colombiana ha sido un alumno aclamado de las políticas de globalización neoliberal del FMI, las cuales condujeron a la economía del  país a la crisis recesiva que vive desde 1998.  Crisis que se ha visto agravada por la guerra interna y por el generalizado nivel de corrupción del Estado central y territorial.

La deuda pública, que se incrementa con el índice de devaluación  -en el 2002 fue del 25%-  asciende hoy a más de ciento diez mil millones de dólares y consume en su servicio el 53% del presupuesto nacional.  A pesar de los impuestos creados en el  segundo período legislativo del 2002, el déficit fiscal para el año 2003 equivale a cerca del 50% del presupuesto.  El crecimiento del PIB para este año estará por debajo del 2%.  Los rangos de pobreza y  miseria se extienden al 70% de la población.  El desempleo absoluto se mantiene cercano al 20% y el subempleo por encima del 35%.  La guerra se intensifica y campea la corrupción. Las dirigencias de los partidos Conservador y Liberal, salvo contadas excepciones que agitan simpatías social-demócratas, se alinderan, por convicción o por conveniencia, al lado del gobierno y constituyen su soporte político.

Este es el crítico mapa en que se desenvuelve la gestión Uribe, -un gobierno, fruto de la derechización a la que ha sido conducido el país, por la dirigencia económica y política y por los medios de comunicación, controlados por unos pocos grupos económicos-, que se caracteriza por dos elementos centrales:  su política neoliberal y el establecimiento de un régimen autoritario.

Para cumplir el convenio suscrito por el gobierno Pastrana con el FMI, tendiente a concluir las privatizaciones y a ejecutar la

Las metas del FMI sobre reducción del déficit fiscal y pago de la deuda pública, el Congreso, a iniciativa del gobierno, aprobó la ley de reforma tributaria, que consagró, entre otros impuestos, la ampliación de la base del IVA a productos de la canasta familiar, el aumento al 25% de la sobretasa a la gasolina, y una sobretasa transitoria  al impuesto sobre la renta; la ley de reforma pensional, que cumple la doble función fiscal y de flexibilización laboral, mediante la cual,  entre otras decisiones, se incrementó la cotización del 13.5% al 15.5%, se aumentaron las semanas cotizadas de 1000 a 1300, y se disminuyó la tasa de reemplazo del 65% al 85% en que se encontraba, pasándola del  55% al 65% del ingreso base de liquidación; y, la ley de facultades para la reestructuración del Estado, que implica un recorte de más de cincuenta mil empleos del nivel central.

Cabe señalar que estas medidas fiscales, de carácter coyuntural, no resuelven el problema del déficit fiscal, el cual obedece a razones estructurales como la inviabilidad de la deuda pública interna y externa, la recesión económica, la corrupción que desangra las finanzas públicas nacionales y territoriales, la evasión y la elusión que favorecen al gran capital y, el escalamiento del conflicto armado. 

Para institucionalizar las estrategias del gobierno del Presidente Uribe, el Congreso aprobó recientemente la Ley del Plan General de Desarrollo, en el cual se concretan las políticas para desarrollar las tendencias autoritarias y neoliberales del régimen.

La política del gobierno en el tema de la ética, se reduce a un proyecto de ley de referendo cuyo contenido, antes que combatir, fortalece la cultura de corrupción y clientelismo en que se mueven la política y la administración pública.  Referendo que el pueblo debe derrotar por la vía de la abstención activa.

En el campo de la reforma política se tramita, a iniciativa del propio congreso, un proyecto de acto legislativo, inocuo por su contenido, tanto para la democratización del Estado, como para el cambio de las clientelizadas reglas de juego de la política.

El país reclama con urgencia una verdadera reforma política que sanee la política y la administración pública, que recomponga las ramas del poder y los órganos de control, que organice y democratice los partidos políticos, que regule los medios de comunicación de masas, y que estatuya una nueva geopolítica del ordenamiento territorial.

El gobierno no logrará resolver la crisis

En las circunstancias anteriormente descritas, el gobierno de Uribe Vélez, no logrará darle salida a problemas, como la reactivación económica, la deuda pública, el déficit fiscal o el desempleo, porque se trata de un gobierno rígida y clásicamente neoliberal, -convertido hoy en punta de lanza de los EE.UU para sus estrategias económicas, sus hegemonismo imperialista y su agresiva política para contener y reprimir el despertar democrático de América Latina-; y el neoliberalismo es un modelo hecho para un desarrollo basado en la reproducción del gran capital, que sólo puede garantizar el crecimiento mediante el uso de la fuerza y al precio de la creciente polarización social y de la mayor pauperización de las capas medias y pobres de la sociedad; tampoco podrá lograrlo, porque el desarrollo económico sostenido, al cual deben converger todas las reservas de nuestra nacionalidad, no puede apuntalarse desde la estrategia de guerra del gobierno.

Ante estas dificultades económicas y sociales el gobierno de Uribe Vélez está estructurando un régimen autoritario, que considera indispensable para mantener por la fuerza el modelo, para avanzar hacia la conformación del ALCA y para contener y reprimir la inconformidad social que genera ese modelo excluyente.

Bajo la teoría de la  “seguridad democrática”, y recurriendo la conmoción interior,  el gobierno de Uribe Vélez ha diseñado una estrategia de guerra que con el propósito de derrotar militarmente a la insurgencia ha cerrado la puerta, no sólo a una solución negociada del conflicto armado, sino a un acuerdo humanitario. Política  que tuvo su primer diseño en el Plan Colombia y que, con posterioridad a los sucesos del 11 de Septiembre de 2001, se ha transformado en una “guerra al terrorismo” y ha contado con un incremento sustantivo del apoyo económico y logístico de los EE.UU.

Estrategia que busca, igualmente, comprometer a la población civil en el conflicto armado, particularmente, a través de instrumentos como la red de cinco millones de informantes, la remuneración de la información y, la conformación de un ejército de soldados campesinos que actúen desde sus lugares de origen.  Política de guerra de la cual forman parte sustantiva, el incremento de pie de fuerza, el aumento acelerado del presupuesto militar, el impuesto de guerra, la modernización tecnológica del aparato militar, la creación de las zonas de rehabilitación, la iniciativa del estatuto de seguridad, la reforma de la Fiscalía, las reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, y las proyectadas reformas a la tutela y al control constitucional.

Para ocultar la causa fundamental de la crisis, que la constituye el modelo neoliberal, se le quiere hacer creer a la gente que la insurgencia es el factor  que la determina  y que, en consecuencia, su derrota debe ser el eje fundamental de la política del Estado y del compromiso de la sociedad.  A la improbable hipótesis de una derrota militar de la guerrilla, sobreviviría el modelo, cada vez más excluyente, que ha conducido a crisis de similares o mayores proporciones, en los demás países de América Latina, en los cuales, cabe destacar, no existe una insurgencia armada.

Por supuesto que, condenamos el terrorismo en todas sus manifestaciones, a la vez que reclamamos la solución negociada del conflicto armado para alcanzar una paz duradera, mediante la solución de las condiciones seculares de exclusión en las que han permanecido la gran mayoría de nuestros compatriotas.

Las políticas económica y de seguridad democrática del gobierno están inevitablemente avocadas al fracaso y comprometen, en su resultado, a las fuerzas políticas que respaldan al gobierno.   El país va a vivir una nueva frustración y terminará abriéndose hacia nuevas fórmulas de gobernabilidad, como ha sucedido ya en otros países del sur continente.

En qué imaginario confía el Polo Democrático?

No cabe duda que las condiciones internas e internacionales favorecen, hacia el año 2006 la gobernabilidad alternativa en Colombia. Sin embargo, para este propósito, el país necesita, con urgencia, construir un proyecto político orgánico y organizado, democrático hacia adentro y hacia fuera, de contenidos alternativos, y de tendencias alineadas por sus posiciones ideológicas y políticas, capaz de ganar la credibilidad de las grandes masas inconformes y excluidas de la sociedad.

Necesitamos conjugar, en un solo proceso, la amplitud que reclama la actual coyuntura histórica y los contenidos de deslinde con el neoliberalismo, el autoritarismo y el clientelismo, en un movimiento que, más allá del Polo Democrático, integre las expresiones orgánicas del pensamiento democrático, la intelectualidad, las organizaciones sociales y las dinámicas regionales y locales.

La coyuntura reclama un proceso político que supere la inorganicidad de las corrientes de opinión, el pluralismo indiferenciado y, las tendencias a reducir el proceso político a la construcción de liderazgos individuales o a la acción, por sí sola insuficiente, de las corrientes parlamentarias.

 Marzo 21 de 2003

LA CORRUPCIÓN ES INCOMPATIBLE CON LA IZQUIERDA

Constancia ante el Comité Ejecutivo Nacional

Durante los pocos años de existencia del Polo Democrático Alternativo hemos trabajado, con alto nivel de compromiso, por la construcción del PDA como una opción política nueva de cambio para el país, perfilada por los contenidos de izquierda plasmados en el ideario de unidad; sólidamente fundido con las realidades y dinámicas del movimiento social; organizado como un partido de tendencias, como lo señalan los Estatutos; que interprete acertadamente la realidad interna e internacional y la tenga como referencia permanente para su acción política; y que su comportamiento en el Estado, en la dinámica social y en la vida interna del partido responda a inequívocos criterios de honestidad y transparencia.

Resaltamos el elemento ético, porque es el aspecto en el cual queremos hacer énfasis en esta reflexión.

En una primera etapa del Polo, el caudillismo de reconocidas figuras del partido, con su inherente comportamiento equívoco, indisciplinado y disolvente le hizo bastante daño al posicionamiento político del partido en la opinión, a sus posibilidades coyunturales como opción política y en general a la estrategia de gobierno y poder de la democracia.

Simultáneamente y en razón a que el partido tuvo origen en la convergencia amplia de múltiples dinámicas y experiencias de la democracia, el PDA fue permeado por la cultura pragmática del viejo bipartidismo que, con especial énfasis en el periodo del Frente Nacional, redujo la política al lucrativo ejercicio, personal o de grupo, de la distribución y manejo de la burocracia, de los dineros públicos y de las partidas presupuestales, como fuente de enriquecimiento, de ascenso social  y de reproducción del poder. Esta herencia clientelista se fortaleció y controló el partido, en administraciones territoriales alcanzadas con el aval del Polo que, sin desconocerles algunos logros en el campo social, se distanciaron en lo programático, organizativo y ético de los lineamientos básicos del partido. Lo sucedido en Bogotá el pasado 10 de abril, en la elección de las Coordinaciones Locales, es la última muestra de cómo operan las maquinarias clientelistas en el PDA: violación de los estatutos por la mayoría  del CEN, trasteo de votos, mediatización económica de la elección, injerencia concertada de otros partidos, presiones y engaños sobre los electores, incidencia determinante de los contratos, puestos y partidas presupuestales en los resultados electorales, entre otras prácticas, constituyeron el denominador común de listas patrocinadas por espacios que se mueven en la órbita de la administración. 

Las prácticas clientelistas contribuyeron a desgastar la imagen del Polo y la estrategia de la democracia en una coyuntura interna e internacional altamente favorable para las fuerzas de la izquierda.

El tema de la ética no puede ser reducido a la discursividad moralista que agencian algunos sectores del régimen para perpetuar en el poder un modelo de economía, sociedad y Estado que riñe con la dignidad humana y con la supervivencia de la naturaleza. Tampoco puede reducirse a la ética la estrategia de la democracia. Pero lo que si debe quedar absolutamente claro es que la corrupción es incompatible con la izquierda.

Naturaleza estructural de la corrupción

Para el capital, la corrupción es inevitable, es de su esencia, es compatible con su estrategia económica y política, aunque haya que “reducirla a sus justas proporciones”, como alguien lo señalara. Es una forma más de la acumulación del capital. Forma de acumulación que ha sido particularmente evidente en Colombia en las últimas cuatro décadas, en las que se expresó con las más perversas y criminales formas de ingerencia de los dineros del narcotráfico en la economía privada y pública y en el ejercido de la política y del poder. Esta es la lógica del capital, de sus formas de acumulación y de sus saltos y acomodos en las reglas de competencia y  competitividad establecidas por el capitalismo en su fase de globalización neoliberal.

Contra ese modelo económico, social, político, cultural, ambiental y ético nació el Polo, como un esfuerzo para darle salida a la crisis irreversible del régimen. Ese propósito solo puede lograrse desde la izquierda y con un modelo alternativo en lo económico, social, político, cultural, ambiental y ético que articule la lucha, la movilización, la organización y la institucionalidad de la democracia, a la construcción de un nuevo orden, de unos nuevos valores, de una nueva sociedad.

Por eso para la izquierda la lucha por ese nuevo orden es inseparable de la lucha contra la corrupción. La corrupción no solo es ajena a la izquierda, sino que al actuar a su interior, sirve y refuerza los intereses objetivos del régimen y además mina, desvía,  corrompe y descompone los valores alternativos y la voluntad y el compromiso transformadores de las comunidades y de sus organizaciones.

Un compromiso claro contra la corrupción

Nuestro compromiso de siempre al interior del partido, contra la corrupción y el clientelismo, ha estado inspirado en estos criterios  y seguirá estándolo hasta lograr que la acción política de la izquierda se realice con absoluta transparencia. Así lo hemos señalado desde el comienzo, de manera enfática y reiterada en diferentes instancias, oportunidades y documentos en estos años de la vida del partido.

Para evitar interpretaciones equívocas, queremos dejar expresamente señalado que el clientelismo es la  expresión de la corrupción en el ejercicio de la política y que de ninguna manera la vinculación laboral, por si misma, cabe dentro de esas prácticas cuestionables. Defendemos de manera irrestricta y legítima el derecho al trabajo que, de acuerdo con los méritos y la transparencia y sin interferencias politiqueras, las administraciones de izquierda están obligadas a garantizar, en condiciones dignas, a todos los ciudadanos, incluidos los que simpatizan o militan con nuestra causa.

No desconocemos que dentro de las prácticas del régimen para combatir la izquierda y la oposición están incluidas todas las formas de acción, desde las prácticas criminales hasta la estigmatización, la mentira y la calumnia ejercidas a través de sus  medios de comunicación. Pero esta realidad no puede llevarnos a la simplicidad de afirmar que toda investigación que comprometa a un dirigente del partido forma parte de la estrategia de desprestigio del régimen. Si al interior del partido no se hubieran expresado prácticas de corrupción y clientelismo se hubiera dificultado la acción del régimen para desprestigiar y debilitar el partido por razones éticas. El Polo deber exigir que se adelanten las investigaciones contra toda persona comprometida con presuntos hechos de corrupción y que se lleven hasta sus últimas consecuencias y con más razón debe hacerlo cuando esas investigaciones impliquen a militantes del partido.

Sabemos que toda investigación por hechos que presuntamente comprometan la transparencia de miembros del partido y especialmente de personas con un significativo reconocimiento de opinión, afecta no solamente al investigado, sino que compromete también la imagen del PDA. Es por ello que reclamamos de los órganos competentes, con el respeto de todos los derechos procesales, que se aceleren las investigaciones por presuntos actos de corrupción que hoy se adelantan y comprometen personas vinculadas al Polo. Así mismo, exigimos fortalecer la capacidad investigativa y sancionatoria, de la Comisión Nacional de Ética del Partido, su autonomía, su reconocimiento institucional y el acatamiento de sus decisiones por las instancias e integrantes del Polo, para que en el terreno ético, que es diferente a la competencia jurídica de los entes institucionales del Estado, pueda proteger al partido  de prácticas de sus militantes que se aparten de la ética y mantener resguardada la imagen pública del partido.

 Una tesis peligrosa

Hacemos esta exigencia, porque lo que de ninguna manera puede imponerse en el Polo, es la tesis que ha venido abriéndose paso, según la cual mientras los entes institucionales del Estado no produzcan los fallos  y estos no se encuentren debidamente ejecutoriados, el partido, a través de su comisión de ética no puede adoptar medidas mínimas de protección de su imagen, como la suspensión provisional de la militancia, cuando la evidencia de hechos, indicios graves o pruebas comprometan la responsabilidad del investigado. Tesis que en el caso de la suspensión provisional del senador Iván Moreno fue defendida por la mayoría del Ejecutivo Nacional. Las decisiones de la Comisión de Ética son actos eminentemente políticos, encaminados a proteger el partido. Son actos de valoración del comportamiento político de los afiliados y las afiliadas frente al Ideario y a los Estatutos que, con un procedimiento determinado y un debido proceso, conllevan sanciones, absoluciones o medidas preventivas.

Esta tesis de reducir lo ético a lo jurídico resulta peligrosa para el partido porque lo somete a asumir, indefinidamente en el tiempo,  el costo político de conductas individuales de algunos de sus integrantes.

Pero es más, se trata de una tesis, tras la cual se ocultan intereses de la pragmática política, que termina conciliando con la impunidad, conocida la ineficiencia o mediatización de la administración de justicia del Estado. Al interior del partido tenemos casos en los que después de dos o más años de haberse producido el fallo de primera instancia no se ha resuelto su apelación o en los que por vencimiento de términos ha operado la caducidad del proceso o de la acción penal. Como si nada hubiera pasado, los tenemos actuando hasta en el CEN.

 Plenas garantías procesales

Lamentamos la situación personal del Senador Iván Moreno Rojas, ante la cual el partido está obligado a exigir y vigilar el pleno respeto de todos sus derechos procesales para que pueda adelantar su defensa con absolutas garantías. Acataremos el fallo que en estas circunstancias profiera la Corte Suprema de Justicia. Pero solicitamos simultáneamente que, ante la gravedad de los hechos conocidos, el Senador Moreno renuncie a la reposición presentada contra la decisión de la Comisión Nacional de Ética o que ésta resuelva negativamente la reposición, para que quede en firme la suspensión provisional de la militancia del Senador en el partido.

En relación con la suspensión ordenada por la Procuraduría General de la Nación en contra del Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas, solicitamos a la Comisión Nacional de Ética del PDA suspenderle provisionalmente la afiliación al Polo y al Alcalde le pedimos presentar renuncia al cargo para evitar un mayor desgaste político del partido.

Vamos al Tercer Congreso Nacional del Polo

A pesar de las dificultades actuales, el Polo sigue siendo la opción de gobierno de la izquierda y el único partido de oposición al régimen. Así lo reconocen los sectores más sensibilizados de la democracia. Nuestra obligación es reposicionar y fortalecer el partido. Esa es la tarea que tenemos hacia el Tercer Congreso Nacional y su Foro Ideológico previo. Aquí no podemos hacerle el juego a la ofensiva ideológica del régimen y de sus medios para desmotivar la opinión frente al partido, ni pueden tener eco actitudes pesimistas que van a hacerle más daño al partido. La estrategia es avanzar hacia el Tercer Congreso para corregir los errores del pasado y defender en él, con una favorable relación de fuerzas, las tesis esénciales fundantes del partido. El Polo es pues una necesidad imperiosa para la izquierda y la democracia y nuestra obligación es avanzar desde ya en el reposicionamiento político y organizativo del PDA.

ALBERTO TÉLLEZ IREGUI

Comité Ejecutivo Nacional

                                                                                                    

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2011

DECLARACIÓN FRENTE A RESOLUCIÓN 053 DEL CEN

Frente a la resolución número 053 expedida por el Comité Ejecutivo Nacional el 4 de abril pasado, queremos hacer las siguientes manifestaciones:

1.    

  Durante más de seis meses, los sectores de la almendra y la periferia de la administración distrital intentaron desconocer los estatutos, abriendo a la libre participación, la elección de la Coordinadoras Locales del partido en  Bogotá. Pero durante ese tiempo no encontraron el respaldo para hacerlo. El Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Distrital produjeron sendas resoluciones ajustadas a los estatutos y en su desarrollo el CED expidió un instructivo que fue concertado entre las distintas corrientes y en torno al cual desde ese entonces se desarrolló la campaña de la elección de las Coordinaciones Locales.

2.      El Comité Ejecutivo Nacional, en reunión del 4 de abril de 2001 aprobó, por mayoría, una resolución que autoriza a votar en las elecciones de las coordinaciones locales y municipales a cualquier persona que presente un desprendible del talonario de afiliación, un desprendible de adquisición del bono, o que diligencie el formato al momento de votar. Con ello se rompen las reglas de juego establecidas en el instructivo de Ejecutivo Distrital.

3.      Dicha resolución viola los artículos 27 y 28 de los estatutos del PDA y la resolución expedida por la Dirección Nacional el 4 de febrero, los cuales obligan  a que la elección de las coordinadoras locales y municipales se realice en asambleas de afiliados y afiliadas que constituyen “…cuerpos políticos deliberativos y decisorios en su ámbito propio”.

4.      Al autorizarse que se vote con un desprendible del formato de afiliación o con el desprendible de un bono, que no implican afiliación al partido, se está autorizando la participación en la elección de personas no afiliadas al Polo. Esto ya sucedió anteriormente, cuando para eludir la afiliación los electores solamente llenaban el desprendible y procedían a votar. Así mismo, al autorizar que la persona pueda votar diligenciando el formato en la mesa, se esta rompiendo el sentido asambleario de los estatutos y se reduce la jornada a un simple evento eleccionario abierto.

5.      Con dicha resolución no solo se vulnera la autonomía del Comité Ejecutivo Distrital, sino que se cambian las reglas del juego 5 días antes de las elecciones, generando el caos en la dinámica de preparación de la jornada del 10 de abril, congelando el censo de afiliados y afiliadas y reversando la dinámica de organización local del partido que se venía adelantando.

6.      Resulta evidente que con esta resolución se facilitan aún más las condiciones para que esa elección sea interferida por beneficiarios políticos de puestos, contratos y partidas presupuestales otorgados durante los 3 años de la actual administración distrital.

Una elección abierta resulta enriquecedora para la democracia, cuando el evento está libre de interferencias que limiten la voluntad del elector y la transparencia del proceso, lo contrario empobrece la democracia.

7.      Gran parte de los elegidos y elegidas a las direcciones locales del partido, con el procedimiento establecido por la resolución del CEN, probablemente respondan más que a un propósito de organización del partido, al interés de conformar desde las localidades aparatos electorales para los comicios de octubre de este año y para las elecciones del 2014. Por ello, una vez se conformen las listas para las Juntas Administradoras Locales, las coordinadoras locales van a verse reducidas y debilitadas por la deserción de muchos de sus integrantes, como ya sucedió en el pasado. Con estas reiteradas prácticas clientelistas se le sigue haciendo daño al partido.

COLECTIVO VAMOS POR LOS DERECHOS

Abril 5 de 2011.