(Borrador de trabajo)
La globalización Neoliberal, causa fundamental de la crisis en América Latina
Como consecuencia de la saturación de los mercados, los países industrializados, vivieron en la década de los años ochentas del siglo pasado, una aguda recesión económica. Para superar la crisis decidieron, mediante la implementación de lo que suele llamarse el modelo neoliberal, efectuar un profundo ajuste económico para ampliar a nivel mundial la producción y el mercado.
Sobre una secular dependencia, el tercer mundo y, particularmente, América Latina, bajo las directrices trazadas por los EE.UU y con la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fueron sometidos a una agresiva y acelerada política de apertura de sus economías y mercados a los capitales y mercancías de las multinacionales; a la reconversión de sus infraestructuras; a la usura y volatilidad del sector financiero; al debilitamiento de la función social de los Estados, en beneficio del capital privado; a la privatización de los activos y servicios sociales acumulados por varios siglos de esfuerzos nacionales; a una cultura de predominio del interés individual sobre el interés colectivo; a la creciente disolución de la nacionalidad y de las expresiones colectivas de la actividad social; y, a medidas de flexibilización laboral, para reducir el costo de la fuerza de trabajo y garantizarle condiciones más favorables a la inversión externa.
Los efectos recesivos de este modelo sobre las economías de América Latina son evidentes. La pequeña y mediana empresas se quebraron ante una competencia desigual frente a la tecnología y al capital de las transnacionales; el sector agropecuario se arruinó, además, por los subsidios y las protecciones arancelarias de los países industrializados. Las economías pasaron de ser exportadoras a importadoras. No pudieron competir y terminaron en una apertura hacia adentro. Consumidores, que era lo que, por supuesto, necesitaban las multinacionales y pretendía el modelo. En esta dinámica se desequilibró negativamente la balanza comercial y se debilitaron los ingresos tributarios del Estado. De otro lado, la implementación del modelo, la búsqueda de unas mínimas condiciones de competitividad internacional, exigían la reconversión de la infraestructura industrial - que sólo pudieron hacerla los grandes grupos económicos- y la adecuación de la infraestructura vial, portuaria y de servicios. Costos que se asumieron fundamentalmente con recursos de crédito interno y externo. Con ello se entró en un ciclo de déficit fiscal y de acelerado crecimiento de la deuda pública, cuya pagabilidad se sostiene en detrimento del desarrollo y la inversión social. Los requerimientos del crédito por parte del Estado y de la empresa privada dispararon las tasas de interés en beneficio del sector especulativo que, con tasas de interés hasta del 80% anual terminó expropiando el ahorro de los ciudadanos. El crédito caro reforzó la crisis empresarial que devino a la apertura económica. Se disparó el desempleo, a niveles nunca antes vistos, y los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se redujeron, cayendo en muchos casos a niveles de crecimiento negativo.
Los efectos sociales del modelo neoliberal están a la vista: concentración de la riqueza e incremento acelerado de la pobreza y la miseria, desempleo e inseguridad.
Durante las dos últimas décadas y, siguiendo las directrices del FMI, los gobiernos neoliberales de América Latina, sin afectar los ejes del modelo, y bien por el contrario, reforzándolos, se han dedicado a restablecer el equilibrio inestable de las variables macroeconómicas, mediante medidas coyunturales de ajuste monetario y fiscal, encaminadas a controlar la inflación y el déficit presupuestal. El crecimiento, con empleo y equidad, no será posible mientras se mantengan la tendencia de concentración de la riqueza, las injustas condiciones internacionales de producción e intercambio y una deuda pública interna y externa, hoy impagable. Para garantizar el desarrollo, con justicia social, se requiere un modelo de transición del neoliberalismo al Estado Social de Derecho que reformule los términos de intercambio internacional, renegocie las deuda pública interna y externa, recupere la regulación y control por parte del Estado de áreas estratégicas de la economía y el desarrollo social y regule los medios de comunicación de masas.
Los efectos económicos y sociales del modelo en América Latina, se expresan hoy en la crisis generalizada por la que pasa el subcontinente.
En estas circunstancias, resulta evidente que el modelo neoliberal es la causa fundamental de la crisis económica, social y política que vive América Latina. Modelo que se constituye, además, en una seria amenaza para la supervivencia del hombre y de la naturaleza.
Visto, desde otro ángulo, el modelo neoliberal, hay que señalar que durante las dos décadas siguientes a su implantación, los países industrializados, y especialmente, los Estados Unidos de Norteamérica, lograron, como efecto del modelo, superar transitoriamente la crisis estructural de la saturación de mercados y alcanzar índices de crecimiento relativamente altos. Pero, los mercados han vuelto a saturarse, reduciendo nuevamente los niveles de crecimiento de los países industrializados. Ello, ha obligado a los Estados Unidos a acelerar, en su particular beneficio, el control de los mercados de América Latina, estimulando contradicciones con la Unión Europea y el bloque comercial liderado por el Japón. En esta dirección, los EE.UU, para asegurarse un nuevo ciclo de ampliación de mercados, se han visto obligados a acelerar la conformación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a presionar acuerdos binacionales de mercadeo, como paso preparatorio de esa estrategia. Propósito en el cual han encontrado en el gobierno de Uribe Vélez un aliado estratégico, dispuesto a enfrentarse a los intereses comunes de la región.
Para garantizar la supervivencia del neoliberalismo y contener sus explosivos efectos sociales, se ha operado el endurecimiento de los regímenes políticos de EE.UU y de los gobiernos neoliberales de América Latina.
La convicción común de que el neoliberalismo sólo pueden mantenerlo por la fuerza, ha llevado al gobierno colombiano a su estrategia de guerra y a encontrar en el gobierno de los Estados Unidos el aliado para asegurarse una mejor relación de fuerzas. Al precio, por supuesto, de sacrificar la soberanía y la dignidad nacional. Es esa la razón por la cual se asume la indigna posición de respaldar la invasión a Irak, reclamarle a lo EE.UU una acción similar en Colombia, liderar en el continente la ejecución del ALCA y, enfrentarse a los procesos de despertar democrático de América Latina. Frente al costo político y económico de la negociación del conflicto interno se prefiere el camino de la guerra.
Hay que destacar también que, los efectos económicos y sociales del modelo en Latinoamérica, han generado una recomposición del esquema político, la cual se expresa en un creciente apoyo ciudadano a procesos democráticos y alternativos, como los que se viven en Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay y Bolivia. Se está configurando en América Latina una corriente política que confronta el neoliberalismo y que podría tener consecuencias estratégicas favorables para el futuro de la humanidad, para el tránsito hacia un nuevo orden social en el mundo. Sus resultados dependen de la capacidad de gobernabilidad alternativa y de articulación que demuestren esas experiencias, las cuales, en todo caso, se convierten en un estímulo para los procesos políticos en los demás países latinoamericanos.
Acuñando la criminal doctrina de la “guerra preventiva” para justificar la agresión a cualquier país sobre la suposición de que constituya una amenaza para la seguridad nacional del más fuerte y con el pretexto de la lucha antiterrorista, los EE.UU, en contra de la ONU, invaden a Irak, para asegurarse el control de sus reservas petroleras, ejercer el control mundial de los hidrocarburos y asegurar su comercialización en dólares. Se pisotean de esta manera los principios del derecho internacional y se empuja al mundo a una recomposición de las relaciones multilaterales.
La desesperada actitud guerrerista de un imperio que ha entrado en la fase crítica de su decadencia, que se debate en medio de las contradicciones de una crisis económica irreversible, tiene en la mira de la agresión a Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil y China. Sin embargo, la resistencia de los pueblos agredidos contribuirá a profundizar las dificultades económicas del neoliberalismo y a transformarlas en una crisis política de impredecibles, pero esperanzadores, resultados para el bienestar de la humanidad.
Cómo se inserta hoy Colombia dentro del modelo?
En el plano interno, a partir del gobierno del Presidente César Gaviria, la dirigencia colombiana ha sido un alumno aclamado de las políticas de globalización neoliberal del FMI, las cuales condujeron a la economía del país a la crisis recesiva que vive desde 1998. Crisis que se ha visto agravada por la guerra interna y por el generalizado nivel de corrupción del Estado central y territorial.
La deuda pública, que se incrementa con el índice de devaluación -en el 2002 fue del 25%- asciende hoy a más de ciento diez mil millones de dólares y consume en su servicio el 53% del presupuesto nacional. A pesar de los impuestos creados en el segundo período legislativo del 2002, el déficit fiscal para el año 2003 equivale a cerca del 50% del presupuesto. El crecimiento del PIB para este año estará por debajo del 2%. Los rangos de pobreza y miseria se extienden al 70% de la población. El desempleo absoluto se mantiene cercano al 20% y el subempleo por encima del 35%. La guerra se intensifica y campea la corrupción. Las dirigencias de los partidos Conservador y Liberal, salvo contadas excepciones que agitan simpatías social-demócratas, se alinderan, por convicción o por conveniencia, al lado del gobierno y constituyen su soporte político.
Este es el crítico mapa en que se desenvuelve la gestión Uribe, -un gobierno, fruto de la derechización a la que ha sido conducido el país, por la dirigencia económica y política y por los medios de comunicación, controlados por unos pocos grupos económicos-, que se caracteriza por dos elementos centrales: su política neoliberal y el establecimiento de un régimen autoritario.
Para cumplir el convenio suscrito por el gobierno Pastrana con el FMI, tendiente a concluir las privatizaciones y a ejecutar la
Las metas del FMI sobre reducción del déficit fiscal y pago de la deuda pública, el Congreso, a iniciativa del gobierno, aprobó la ley de reforma tributaria, que consagró, entre otros impuestos, la ampliación de la base del IVA a productos de la canasta familiar, el aumento al 25% de la sobretasa a la gasolina, y una sobretasa transitoria al impuesto sobre la renta; la ley de reforma pensional, que cumple la doble función fiscal y de flexibilización laboral, mediante la cual, entre otras decisiones, se incrementó la cotización del 13.5% al 15.5%, se aumentaron las semanas cotizadas de 1000 a 1300, y se disminuyó la tasa de reemplazo del 65% al 85% en que se encontraba, pasándola del 55% al 65% del ingreso base de liquidación; y, la ley de facultades para la reestructuración del Estado, que implica un recorte de más de cincuenta mil empleos del nivel central.
Cabe señalar que estas medidas fiscales, de carácter coyuntural, no resuelven el problema del déficit fiscal, el cual obedece a razones estructurales como la inviabilidad de la deuda pública interna y externa, la recesión económica, la corrupción que desangra las finanzas públicas nacionales y territoriales, la evasión y la elusión que favorecen al gran capital y, el escalamiento del conflicto armado.
Para institucionalizar las estrategias del gobierno del Presidente Uribe, el Congreso aprobó recientemente la Ley del Plan General de Desarrollo, en el cual se concretan las políticas para desarrollar las tendencias autoritarias y neoliberales del régimen.
La política del gobierno en el tema de la ética, se reduce a un proyecto de ley de referendo cuyo contenido, antes que combatir, fortalece la cultura de corrupción y clientelismo en que se mueven la política y la administración pública. Referendo que el pueblo debe derrotar por la vía de la abstención activa.
En el campo de la reforma política se tramita, a iniciativa del propio congreso, un proyecto de acto legislativo, inocuo por su contenido, tanto para la democratización del Estado, como para el cambio de las clientelizadas reglas de juego de la política.
El país reclama con urgencia una verdadera reforma política que sanee la política y la administración pública, que recomponga las ramas del poder y los órganos de control, que organice y democratice los partidos políticos, que regule los medios de comunicación de masas, y que estatuya una nueva geopolítica del ordenamiento territorial.
El gobierno no logrará resolver la crisis
En las circunstancias anteriormente descritas, el gobierno de Uribe Vélez, no logrará darle salida a problemas, como la reactivación económica, la deuda pública, el déficit fiscal o el desempleo, porque se trata de un gobierno rígida y clásicamente neoliberal, -convertido hoy en punta de lanza de los EE.UU para sus estrategias económicas, sus hegemonismo imperialista y su agresiva política para contener y reprimir el despertar democrático de América Latina-; y el neoliberalismo es un modelo hecho para un desarrollo basado en la reproducción del gran capital, que sólo puede garantizar el crecimiento mediante el uso de la fuerza y al precio de la creciente polarización social y de la mayor pauperización de las capas medias y pobres de la sociedad; tampoco podrá lograrlo, porque el desarrollo económico sostenido, al cual deben converger todas las reservas de nuestra nacionalidad, no puede apuntalarse desde la estrategia de guerra del gobierno.
Ante estas dificultades económicas y sociales el gobierno de Uribe Vélez está estructurando un régimen autoritario, que considera indispensable para mantener por la fuerza el modelo, para avanzar hacia la conformación del ALCA y para contener y reprimir la inconformidad social que genera ese modelo excluyente.
Bajo la teoría de la “seguridad democrática”, y recurriendo la conmoción interior, el gobierno de Uribe Vélez ha diseñado una estrategia de guerra que con el propósito de derrotar militarmente a la insurgencia ha cerrado la puerta, no sólo a una solución negociada del conflicto armado, sino a un acuerdo humanitario. Política que tuvo su primer diseño en el Plan Colombia y que, con posterioridad a los sucesos del 11 de Septiembre de 2001, se ha transformado en una “guerra al terrorismo” y ha contado con un incremento sustantivo del apoyo económico y logístico de los EE.UU.
Estrategia que busca, igualmente, comprometer a la población civil en el conflicto armado, particularmente, a través de instrumentos como la red de cinco millones de informantes, la remuneración de la información y, la conformación de un ejército de soldados campesinos que actúen desde sus lugares de origen. Política de guerra de la cual forman parte sustantiva, el incremento de pie de fuerza, el aumento acelerado del presupuesto militar, el impuesto de guerra, la modernización tecnológica del aparato militar, la creación de las zonas de rehabilitación, la iniciativa del estatuto de seguridad, la reforma de la Fiscalía, las reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, y las proyectadas reformas a la tutela y al control constitucional.
Para ocultar la causa fundamental de la crisis, que la constituye el modelo neoliberal, se le quiere hacer creer a la gente que la insurgencia es el factor que la determina y que, en consecuencia, su derrota debe ser el eje fundamental de la política del Estado y del compromiso de la sociedad. A la improbable hipótesis de una derrota militar de la guerrilla, sobreviviría el modelo, cada vez más excluyente, que ha conducido a crisis de similares o mayores proporciones, en los demás países de América Latina, en los cuales, cabe destacar, no existe una insurgencia armada.
Por supuesto que, condenamos el terrorismo en todas sus manifestaciones, a la vez que reclamamos la solución negociada del conflicto armado para alcanzar una paz duradera, mediante la solución de las condiciones seculares de exclusión en las que han permanecido la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Las políticas económica y de seguridad democrática del gobierno están inevitablemente avocadas al fracaso y comprometen, en su resultado, a las fuerzas políticas que respaldan al gobierno. El país va a vivir una nueva frustración y terminará abriéndose hacia nuevas fórmulas de gobernabilidad, como ha sucedido ya en otros países del sur continente.
En qué imaginario confía el Polo Democrático?
No cabe duda que las condiciones internas e internacionales favorecen, hacia el año 2006 la gobernabilidad alternativa en Colombia. Sin embargo, para este propósito, el país necesita, con urgencia, construir un proyecto político orgánico y organizado, democrático hacia adentro y hacia fuera, de contenidos alternativos, y de tendencias alineadas por sus posiciones ideológicas y políticas, capaz de ganar la credibilidad de las grandes masas inconformes y excluidas de la sociedad.
Necesitamos conjugar, en un solo proceso, la amplitud que reclama la actual coyuntura histórica y los contenidos de deslinde con el neoliberalismo, el autoritarismo y el clientelismo, en un movimiento que, más allá del Polo Democrático, integre las expresiones orgánicas del pensamiento democrático, la intelectualidad, las organizaciones sociales y las dinámicas regionales y locales.
La coyuntura reclama un proceso político que supere la inorganicidad de las corrientes de opinión, el pluralismo indiferenciado y, las tendencias a reducir el proceso político a la construcción de liderazgos individuales o a la acción, por sí sola insuficiente, de las corrientes parlamentarias.
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